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En España hay miles de personas víctimas de la trata. Son esclavos explotados, en su mayoría mujeres en el mercado de la prostitución, pero también para trabajar en el campo, mendicidad, hurtos o hasta tráfico de órganos
30 de noviembre de 2014

Victoria llegó a España en abril de 2011. Es nigeriana y existían fuertes indicios de que era menor de edad. Estaba retenida en un puesto fronterizo de un aeropuerto español, donde se le denegó su solicitud de asilo por dos veces tras ocho días. Una asociación que supo del caso denunció la orden de expulsión que pesaba sobre ella, ya que daba claras muestras de que había llegado hasta allí para ser explotada en una red de prostitución en España, aunque le costaba expresarlo por miedo y dificultades con el idioma. Finalmente, la Audiencia Nacional paralizó la expulsión y tras quince días retenida, se le practicó la primera entrevista enfocada a esclarecer si podía ser una víctima de trata. “La policía no está contenta porque me pregunta muchas veces y yo no sé contestar…, eso me hace sentirme muy mal…, no sé qué me va a pasar”, declaraba. Victoria, que estuvo a punto de ser expulsada de España, y con ello abandonada a merced de sus captores en Nigeria, al final consiguió su reconocimiento como víctima y la protección que requería el caso. Tuvo suerte. Otras miles de víctimas son expulsadas, o explotadas durante meses o años, sin que se las identifique a tiempo.

España es un país que juega un papel importante en el negocio de la trata de personas, la ‘esclavitud del siglo XXI’, en el mundo. Como receptor y lugar de tránsito hacia otros países de su entorno.

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La prostitución está a la vista en el centro de Madrid. :: Patricia Ruiz Rustarazo

No hay datos oficiales ni estadísticas que ayuden a dimensionar el problema, no en vano, la trata es un negocio ilegal y, por tanto, su realidad queda sumergida. Pero sí hay informes que dicen que en España podrían entrar cada año cerca de 50.000 personas para su explotación sexual, según señalan desde la Red Española Contra la Trata de Personas. A estas cifras habría que sumar a aquellas víctimas de explotación laboral y de otros tipos, dentro de redes organizadas que son sometidas bajo amenazas y coacciones. Podrían ser miles, aunque de nuevo, no hay estadísticas fiables, los que son obligados a mendigar por las calles de España, o a devolver deudas imposibles con trabajos de sol a sol en explotaciones agrícolas, o en talleres de textil ilegales.

El gran problema en la lucha contra la trata de personas es la dificultad en la identificación de las víctimas y con ello, la puesta en marcha de un protocolo de protección que impida su expulsión, ya que la mayoría de ellos son inmigrantes ilegales.

Sólo en 2013, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado detectaron 13.159 casos de posibles víctimas de trata con fines sexuales, a partir de actuaciones en prostíbulos, polígonos industriales y carreteras donde se ejerce esta actividad. En ese mismo año, a partir de los datos ofrecidos por la Fiscalía de Extranjería, sólo fueron identificadas finalmente como víctimas de delito de trata 1.690 personas (1.548 explotadas sexualmente, 91 laboralmente y al menos 10 en mendicidad).

“No podemos pedirles que se auto identifiquen”

¿Por qué cuesta tanto sacar a flote la realidad de esta explotación esclavista? “Además de ser víctimas de un delito, ellas mismas suelen estar aquí de forma ilegal”, apunta Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza, un programa de la Congregación de Religiosas Adoratrices en apoyo a mujeres que sufren este problema. “El Consejo de Europa marca la necesidad de que no haya certezas en su identificación, basta con indicios, y es que no podemos exigir a las víctimas que se autoidentifiquen, dada su situación de vulnerabilidad”.

Los especialistas insisten en separar las lacras de tráfico de personas y trata de seres humanos, pero lo cierto es que en España la línea es muy delgada entre ambas realidades. “Hay quienes llegan a España en tráfico ilegal de inmigrantes y terminan en una red de trata, explotados”, apunta Marta.

En los últimos años, en España, se han registrado algunos avances para luchar contra el delito de trata, con un enfoque que intenta poner a la víctima y la protección de sus derechos humanos en el centro. Se puso en marcha el protocolo marco de protección de las víctimas, firmado en octubre de 2011, en el que se establece que no debe ser expulsada y se le da un periodo de restablecimiento y reflexión de 30 días. En este tiempo se debe de poner en marcha un procedimiento para “tomar distancia de sus explotadores”, y comenzar a colaborar con la justicia en el esclarecimiento del delito. En último término, y si se prueba que es víctima de trata, se establece la posibilidad de obtener una residencia por causas excepcionales. Pero vistos los números, este protocolo aún no ha sacado de la invisibilidad de la trata a la gran mayoría de las víctimas. “Ahora hay más recursos, las administraciones están asumiendo sus responsabilidades, pero haría falta más coordinación entre los diferentes agentes involucrados, con reuniones periódicas que nos ayuden a afrontar el problema de una forma más coherente”, remarca la responsable del Proyecto Esperanza. Por ejemplo, hay pisos para alojar a las víctimas, gestionados por ONGs, en algunas comunidades autónomas, pero no en todas.

Hay quienes llegan a España en tráfico ilegal de inmigrantes y terminan en una red de trata»

Para consolidar el objetivo de sacar a la luz la esclavitud moderna en España y proteger a sus víctimas, Marta argumenta que “sería fundamental que entidades como las ONGs tengan reconocido un papel formal en el proceso de reconocimiento de sus derechos a las víctimas de trata”, y recuerda que, por ejemplo, hay un acuerdo verbal con la Comunidad de Madrid para que la administración les informe cada vez que encuentran un caso y puedan así aportar sus recursos de asistencia. Pero al final, no es un acuerdo estrictamente formal, ni se reproduce en el resto de comunidades autónomas.

Colaboración de las ONGs

La dificultad de identificar a las víctimas de la esclavitud fue el asunto que centró una mesa redonda celebrada hace unas semanas en Madrid, que reunió a expertos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Fiscalía de Extranjería y ONGs, organizada por Accem (especializada en el trabajo con inmigrantes y refugiados). Sobre la propuesta de la representante del Proyecto Esperanza, Patricia Fernández, fiscal de Extranjería, estima que no es factible una colaboración formal: “El problema de ponerlo por escrito es de fondo, ya que no todas las organizaciones cuentan con los mismos recursos de base en las distintas comunidades autónomas”, por lo que se generarían fuertes desequilibrios.

Para la fiscal, los avances legislativos y la puesta en marcha del protocolo han sido aspectos positivos en la lucha contra la trata, pero pone el acento en la prevención. “Deberíamos afrontar campañas de sensibilización que impidan que podamos, por ejemplo, ver anuncios de clubs de alterne, algo que es una falta total de coherencia cuando lo vemos en los mismos medios en los que se habla de lo grave que es la trata”, subraya.

El miedo a que los esclavistas puedan hacer daño a sus familiares en sus lugares de origen juegan en su contra

Otro gran obstáculo para la identificación de víctimas es la realidad que afrontan muchos inmigrantes cuando llegan a nuestro país. En las vallas de Ceuta y Melilla se realizan grandes esfuerzos para impedir su entrada e, incluso, se realizan devoluciones “en caliente”, una práctica que podría oficializarse en la Ley de Seguridad Ciudadana. “Sería necesario un proceso individualizado para poder detectar los casos de trata”, apunta Francisco Ortiz, oficial de Protección de Acnur en España. Al proceder con las devoluciones instantáneas, no se da tiempo para ver si concurren indicios de explotación esclavista. Incumpliría así España su obligación de dar asistencia y asilo a las víctimas de trata (ver entrevista a María Serrano, de Amnistía Internacional, sobre las devoluciones en caliente)

El tiempo es, precisamente, un elemento fundamental. “La detección del problema en su llegada, de forma temprana, es importantísimo. Si vemos que las víctimas identificadas llevan años explotadas, es que estamos fallando”, remarca Francisco.

Marta, Patricia o Francisco son algunos de los que, cada uno según sus responsabilidades, trabajan a diario con el objetivo de sacar de la esclavitud a las miles de víctimas que hay en España y que el peso de la ley recaiga sobre los tratantes. Como Vicente Calvo, de la Unidad Técnica de Policía Judicial. ¿Indicios? Siempre se ven pistas que ponen a estos profesionales sobre aviso: “Nos llama la atención cuando hablamos con un rumano y nos dice que lleva un año aquí, y a pesar de la facilidad que suelen tener con nuestro idioma, no sabe ni una palabra de castellano; o cuando vemos un club de carretera con rejas en la segunda planta”, describe Vicente. Todo eso está a la vista; la dificultad estriba en que las propias víctimas decidan dar el paso y rompan su silencio. “Las diferencias culturales, la barrera del idioma…”, enumera el representante de la Policía Judicial, pero también el desconocimiento de que hay un sistema que les puede ayudar a salir de su infierno particular y el miedo a que los esclavistas puedan hacer daño a sus familiares en sus lugares de origen juegan en su contra.

Concienciación de la sociedad

La sociedad también tiene un papel fundamental en esta lucha, concuerdan los expertos. Para empezar, existe desconocimiento sobre la realidad de esta lacra en nuestro país. Aún son muchos los que utilizan el término de “trata de blancas”, una denominación “anacrónica” cuyo origen data de la época en la que no era delito la esclavitud de personas “no blancas”, y además, está íntimamente ligado al fenómeno de la explotación con finalidad de prostitución. Por eso hoy, la forma más acertada de hablar de este delito es llamándolo trata de personas o de seres humanos, porque ya no tiene sentido hacer esta distinción racista y porque no se trata sólo de un hecho sexual, sino que también se detectan explotaciones laborales, de servicio doméstico, para mendicidad, la comisión de hurtos y otros delitos o para la extracción de órganos. Es cierto que en España los casos de trata más habituales, o al menos los más recurrentes en instancias judiciales, son los relacionados con prostitución, pero también es una realidad la esclavitud por los otros motivos mencionados.

Así quedó recogido en el informe de Defensor del Pueblo sobre trata, publicado en 2012 y de referencia entre todos los especialistas que trabajan en este campo. En ese documento se relatan casos como el de la estudiante ecuatoriana F. Las dificultades económicas de su familia la llevaron a buscar un trabajo en el extranjero, con el objetivo de sufragarse sus estudios universitarios. Contactó con un ecuatoriano, que le ofreció trabajo como empleada del hogar en Madrid y llegó a firmar un contrato en el que se estipulaban las condiciones, el salario y la descripción del puesto. Así llegó F. a España, a finales del año 2002, con un visado de turista y se alojó en casa de un matrimonio ecuatoriano con un niño, donde fue obligada a trabajar siete días a la semana, 16 horas al día y tenía comida una vez al día. Además de las tareas domésticas, F. tenía que vender productos artesanales de Ecuador en la calle. Dormía en el suelo o en ocasiones en la furgoneta cuando tenía que acompañar a su jefe a vender los productos fuera de Madrid. A cambio, recibió amenazas verbales, su jefe le retuvo el pasaporte, no podía contactar con la familia y nada de salario. Si enfermaba, no le permitían ir al médico. Tras seis meses así, pidió ayuda a un hombre ecuatoriano que encontró en la calle, quien la convenció para poner denuncia y finalmente fue acogida por la asociación Proyecto Esperanza.

También se detectan explotaciones laborales, por ejemplo, en el servicio doméstico

El caso de F. es uno de tantos de la ‘esclavitud del siglo XXI’ que está ocurriendo hoy En España y el resto de países desarrollados. O el caso de trece rumanos que respondieron a un anuncio en su país para trabajar en España. Acabaron confinados en una finca de la provincia de Sevilla, donde se les obligaba a trabajar el campo, dormían hacinados, no recibían sueldo pero sí palizas y amenazas y contraían absurdas deudas con sus captores por el ‘alojamiento’ o la comida que nunca podían pagar. Ocho de ellos consiguieron escapar y recorrieron 35 kilómetros a pie hasta una comisaría de Sevilla donde denunciaron su situación.

Estos son sólo dos ejemplos de una situación con la que tienen que bregar los especialistas de las instituciones y ONGs para que los miles de esclavos que hay en España dejen de ser invisibles en nuestra sociedad y puedan recuperar su dignidad y sus derechos humanos.



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