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Es el testimonio de una trabajadora sexual en Noruega. Amnistía Internacional publica un informe centrado en cuatro países: Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea
1 de junio de 2016

«Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, lo pierdes todo«. Son las declaraciones de una trabajadora sexual de Noruega.

Amnistía Internacional ha publicado un informe de investigación sobre las violaciones de derechos humanos que sufren estas mujeres y se ha centrado en cuatro países muy diferentes: Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea.

«Las personas que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación. Con demasiada frecuencia la protección de la ley y las medidas de reparación con que cuentan son escasas o inexistentes», asegura Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

Esta organización exige una serie de responsabilidades a los gobiernos para que, entre otras recomendaciones, se garantice la protección contra la violencia, la explotación y la coerción de manera que nadie se vea obligado a entrar en el trabajo sexual por falta de oportunidades. Además, pide la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes que afectan a su vida y a su seguridad.

Entre otras medidas, recomiendan la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual. Esta propuesta está basada en la evidencia de que tales disposiciones hacen a menudo que las personas que se dedican al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen por presentar una denuncia ante la policía.

Noruega
En Noruega, comprar servicios sexuales es ilegal, pero el acto directo de venderlos, no. Otras actividades relacionadas con el sexo están penalizadas, entre ellas la «promoción de la prostitución» y alquilar establecimientos para vender servicios sexuales. A pesar del alto índice de violaciones y violencia de clientes y bandas organizadas, el grado de resistencia a denunciar ante la policía es muy alto.

«Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial», cuenta una trabajadora sexual. En virtud de la legislación noruega, éstas corren el riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella. Las personas dedicadas al trabajo sexual no pueden contratar servicios de terceros en funciones de seguridad, pues probablemente se calificaría de «promoción de la prostitución» según la ley.

Buenos Aires, Argentina
En teoría, la venta o compra de servicios sexuales no es ilegal en Buenos Aires, pero en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza por medio de diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos. El grado de resistencia a denunciar a la policía es, igualmente, muy alto.

La policía suele abordar arbitrariamente en la calle a las personas que se dedican al trabajo sexual, que en ocasiones tienen que pagar reiteradas multas y son sometidas a libertad vigilada. Y en sus operaciones se dirige específicamente contra las personas trans.

Asimismo, en Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.

Hong Kong
En Hong Kong, vender servicios sexuales no es ilegal si se trata de una persona que lo hace en un domicilio particular. Sin embargo, trabajar en lugares aislados deja a las trabajadoras y los trabajadores sexuales en situación vulnerable, expuestos a sufrir robos, agresiones físicas y violaciones.

Las personas dedicadas al trabajo sexual no sólo reciben poca protección de la policía, sino que a veces son sometidas deliberadamente a acoso por ella. Tras su detención, las trabajadoras sexuales trans pueden ser enviadas a centros de detención para hombres y a unidades especiales para personas con enfermedades mentales.

Papúa Nueva Guinea
En Papúa Nueva Guinea es ilegal vivir del trabajo sexual y organizar actividades de comercio sexual. La homosexualidad también está penalizada y es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales, que sufren en grado extremo estigmatización, discriminación y violencia, incluidos la violación y el asesinato.

Mary, una de las trabajadoras sexuales de allí, explica: «Cuando nos atrapa o nos retiene la policía, si nos encuentran condones nos golpean y dicen que promovemos el sexo o que somos las que propagamos enfermedades de esas como el VIH. La policía pide dinero; nos amenaza o nos dice que le demos tanto. Nosotras se lo damos, porque tenemos miedo de que nos golpeen si no».



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