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Presentan una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana para legalizar las devoluciones en caliente
12 de noviembre de 2014
maríaserrano

María Serrano, de Amnistía Internacional. :: P.R.R.

¿Qué pretende hacer ahora el Gobierno con la enmienda que incluye en la Ley de Seguridad Ciudadana?
El grupo parlamentario popular, a través de una enmienda a la Ley orgánica de Seguridad Ciudadana, pretende, junto con el Gobierno, legalizar este tipo de devoluciones. Pero esas prácticas están prohibidas en derecho internacional y, aunque la ley española trate de legalizarlas, encontraría numerosos problemas en los tribunales y previsiblemente también en los internacionales porque la legislación internacional no se puede dejar de cumplir tampoco a capricho.
Hay que señalar también que cuando un guardia civil intercepta a alguien en la valla, ese guardia civil es un funcionario público y, por tanto, está ejerciendo el poder del Estado. Cuando un funcionario público ejerce el poder del Estado, ejerce también un control y la soberanía del Estado. Y ese funcionario está acogido a la legislación española y no puede decidir que un espacio determinado no está sujeto a la Ley de Extranjería, por ejemplo.

¿Qué supone la recién anunciada inclusión de las salas de asilo? ¿Es una medida encaminada a legalizar las medidas en caliente o es más bien positiva?
Hay que separar las dos cosas. Por un lado, existen numerosas dificultades o incluso, en momentos, se ha denunciado que no se podía pedir asilo en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. Esto es una cuestión que debe ser corregida y, por tanto, cualquier avance en este sentido es bienvenido. Eso es lo que se ha anunciado desde el Ministerio del Interior: crear oficinas de asilo en los puestos fronterizos, pero aún estamos a falta de ver su implementación efectiva. Hay que ver cómo esto afecta tanto a refugiados sirios como a refugiados subsaharianos con relación a las denuncias que hacen organizaciones: que ni siquiera pueden acceder al puesto fronterizo español porque las autoridades marroquíes no le permiten el acceso. Y eso también es un problema. Más allá de eso, aunque se corrija esa falta de acceso a los chekpoints fronterizos y permita solicitar asilo, eso no va a legitimar ni legalizar el hecho de que España trate de, a través de una reforma legislativa, legalizar esas devoluciones en caliente. En ningún caso las devoluciones están permitidas.

¿Qué problemas podría tener España si legalizara las devoluciones como pretende?
Puede tener varios problemas. A nivel nacional, existen actores como el Defensor del Pueblo o cincuenta diputados o senadores en las comunidades autónomas que podrían presentar recursos de inconstitucionalidad si esto se aprobara. También, ante casos concretos, puede intervenir un juez. Pero, en resumen, todo se basaría en preguntarle al Tribunal Constitucional si considera que esta reforma, de ser aprobada, es constitucional, es decir, si la legalización de las devoluciones en caliente estarían acorde con la Constitución.
Por otro lado, a nivel internacional se podría llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, recientemente se ha pronunciado sobre derechos humanos en devoluciones sumarias y colectivas de Italia a Grecia y ha condenado a Italia por ese tipo de devoluciones. La jurisprudencia del tribunal de derechos humanos es muy clara, ya que el protocolo cuarto prohíbe expresamente las expulsiones sumarias.
Además, existen otro tipo de medidas que pueden adoptarse porque España también tiene que examinarse ante mecanismos de las Naciones Unidas y, por tanto, el Relator de Trabajadores Migrantes, como otros relatores, pueden pedir explicaciones a España.
A nivel europeo, no podemos olvidar que estaría vulnerando normas de carácter comunitario, la Comisión Europea puede actuar de dos formas: alertar al gobierno ante la reforma legislativa o si percibe que la práctica no es acorde con el derecho europeo puede abrir un procedimiento de infracción contra el Estado. Amnistía Internacional junto a otras organizaciones ya se ha dirigido a la Comisión Europa.
Por último, está el Consejo de Europa encargado de la vigilancia del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, el Comisario también puede recomendar o avisar a España ante este tipo de legislación.

¿Y, aún así, cree que saldrá adelante?
Es difícil de aventurar, pero parece que las autoridades están convencidas de lo que quieren hacer, otra cosa es que haya presión por parte de organizaciones, también del Consejo de Europa, advertencias de la Comisión Europea. Pero, hay que tratar de frenar la reforma.



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