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La nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana se debatirá en breve en el Congreso en un contexto de rechazo ciudadano y político, debido a la falta de razones que justifican la norma que, además, se tilda de ambigua y de vulnerar la libertad de expresión y la protesta pacífica
Madrid
26 de octubre de 2014
nosomosdelito

Protesta de ‘No somos delito’ frente al Congreso. :: nosomosdelito.net

Protestar como una práctica de alto riesgo. Un derecho amenazado por un conjunto de acciones sancionadas que no quedan muy claras y que podrían costar una buena cantidad de dinero al que las incumpla; y en frente, un policía cada vez más protegido y con más poder, que ya no ha de dar explicaciones a un juez, sino a su jefe, al político de turno, quien, además, dará mayor validez a la versión del agente que a la del ciudadano. Es el panorama que tendrá España si, como es previsible, la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que se debatirá en breve en el Congreso, sale adelante. Se trata, en esencia, de un conjunto de actos que conllevan multas económicas y que, por tanto, identifican esa acción como algo “malo”, -por ejemplo, la manifestación espontánea-, que no ha de hacerse. Y ése es el mensaje que transmite. Sirva este vídeo como ejemplo simbólico del espíritu de la ley:

Gran parte de la sociedad, incluidos ciudadanos, plataformas activistas como Greenpeace o movimientos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, además de una gran parte de la policía y todo el bloque de la oposición política (ver artículo), han denunciado que la gravedad de esta ley puede asimilarse al eliminado anteproyecto de la ley del aborto. Pero el Gobierno, de momento, ha hecho caso omiso. Quizás la población no esté tan concienciada y la movilización que paralizó la ley Gallardón no sea la misma. Tal vez, al ciudadano medio le resulta difícil sentirse identificado porque se ha trasladado la idea de que afecta sólo al que se manifiesta. Quizás, no se ha explicado lo suficiente. Lo cierto es que son 47 sanciones (pueden verlas detalladas aquí) y hay varias más allá de las que afectan a las concentraciones, como las que multan la práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados, las que sancionan por no denunciar el robo o la pérdida del DNI o las referidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que multarán por grabar o difundir imágenes de agentes y por injuriarlos o faltarles al respeto.

manifaok

Imagen de las Marchas por la Dignidad del 22M. :: P.R.R.

Las denuncias sobre la transcendencia de esta norma llegan desde el interior del país y también desde fuera, como por parte del Relator Especial de las Naciones Unidas, Maina Kiai, quien expresó su preocupación por “que se haga prevalecer un concepto extensivo de seguridad de instituciones y autoridades sobre la protección del ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos, incluido en el derecho a la libertad de reunión pacífica”. Las conclusiones confluyen en que hay indefensión del ciudadano ante posibles abusos del poder policial y político, en que el principal objetivo es recaudatorio y en que supone un atentado contra derechos fundamentales como de reunión pacífica o de expresión. (Vea el anteproyecto que se ha aprobado aquí).

En cualquier caso, en un plazo de un mes, si el trámite continúa como se espera, el Gobierno del Partido Popular sacará adelante, completamente solo, una normativa que determina el uso de los espacios públicos y la forma en la que la policía ha de asegurar nuestra convivencia pacífica. Y lo hará con un texto tildado de ser ambiguo e interpretable hasta tal punto de que impide al ciudadano saber qué es sancionable y qué no, con criterios como “perturbación grave”, “indicios razonables” o estar considerado “razonablemente necesario”.

Ley necesaria

Preguntar si una ley que se debate en el Congreso resulta adecuada para nuestro momento y nuestra sociedad resulta siempre pertinente, pero lo es aún más en un contexto como el actual, con graves problemas, como el paro o la corrupción, y con situaciones de pobreza entre la población. Por tanto, ¿por qué esta nueva ley? El Gobierno lo justifica porque resulta “necesario, conveniente y oportuno” actualizar el anterior texto de 1992, en palabras del responsable, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. De hecho, el Ejecutivo expone que se trata de una “nueva regulación de las potestades de intervención policial en el ámbito de la seguridad ciudadana”, que explica con argumentos como que “a lo largo de las últimas décadas han surgido nuevas amenazas, muchas de ellas fruto del uso de las nuevas tecnologías, que precisan una respuesta adecuada” (vean artículo completo aquí).

No hay señales de que la población española
haya expresado su preocupación por la seguridad ciudadana

En este contexto, no hay señales de que la población española haya expresado su preocupación por la seguridad ciudadana, como demuestran las cifras del CSIF sobre la percepción de los principales problemas en España (enlace a la tabla del CSIF). En septiembre de 2014, sólo un 3,2% de los españoles expresó su preocupación por la inseguridad ciudadana, una cifra que bajó al 1,6%, por ejemplo, en junio.

Multas en manos de alcaldes

De las 47 sanciones existentes, cuatro son muy graves (30.001 a 600.000 euros), 26 graves (601 a 30.000 euros) y 17 leves (101 a 600 euros). Todas las infracciones están sancionadas y algunas de ellas, anteriormente dentro del Código Penal (reforma complementaria a esta y que está paralizada ver artículo), pasarán a estarlo en una norma administrativa, es decir, quien decidirá finalmente si se cometió la infracción y qué tipo de multa conlleva no será un juez, sino un político, como el Delegado del Gobierno o el alcalde respectivos.

Un ejemplo más que interesante de lo que podría suceder si se impone esta tendencia, es el caso que cuenta Jorge Aranda, activista que fue falsamente acusado de agredir a un político y en el que las pruebas documentales de lo ocurrido fueron cruciales para probar su inocencia.

Enmiendas: devoluciones en caliente

A esta situación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que podría debatirse esta misma semana en el Congreso, se añade el caso de las enmiendas parciales que se han presentado estos días (25 sólo del Partido Popular) y que pretenden, por ejemplo, reformar la Ley de Extranjería y recoger las devoluciones inmediatas en frontera de los inmigrantes en Ceuta y Melilla (conocidas como devoluciones en caliente), unas prácticas irregulares hasta el momento. Aquí el artículo que lo explica.

Ante este contexto plagado de polémica, parecería lógico pensar que el debate está servido. Pero la mayoría absoluta del actual Gobierno del Partido Popular podría desoírlo todo y aprobar el texto antes de que acabe el año con un mensaje contundente, y cargado de connotaciones para España, tipo “que se callen, coño”.



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Comentarios:

[…] La ley del silencio; rechazo ciudadano y político a la "ley mordaza" […]

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